Dio igual los miles de opositores que se encontró en el camino durante el debate que ha tenido en los últimos meses, también que choque contra las últimas sentencias del Tribunal de la UE. Desde hace unas horas, la regulación conocida como la SOPA de Irlanda, aquella que permite a los titulares de derechos de autor obligar a los proveedores de Internet a bloquear los sitios web que crean, se ha aprobado como nueva legislación. La industria de Estados Unidos consigue introducir en Europa lo que no ha podido en su propio país.
Y es que parece que las presiones de la industria del entretenimiento, incluida la demanda de la propia EMI contra el gobierno irlandés en enero por no llevar adelante una ley que de plenos poderes a los titulares, finalmente ha dado resultado.
Tal y como ha quedado redactada y si hacemos caso a las palabras del ministro en Investigación e Innovación en el país, Sean Sherlock, lo que tenemos es una ley aprobada que luego se debatirá. Primero se da plenos poderes y luego ya se piensa si está bien o mal o si como “muchos” dicen, causará estragos sobre la innovación y los nuevos negocios en la red.
La nueva legislación permite que los titulares decidan sobre los ISPs permitiéndoles obtener una orden judicial contra aquellos supuestos sitios que consideren infractores delcopyright. Un instrumento legal que permitirá que los titulares busquen todo tipo de mandamientos judiciales contra las empresas que consideren oportunas a través de los proveedores.
Mientras, Sean Sherlock insiste en que esta versión final del proyecto de ley es mucho más limitada que las propuestas anteriores además de acercarse a la postura del Tribunal de la UE y las recientes sentencias que indicaban que un proveedor no puede ser parte proactivo sobre el bloqueo.
Parecería por tanto que choca frontalmente la nueva ley con la UE, y es por esa razón por la que se incluye que los titulares “puedan” solicitar la fuerza de los ISPs a través de una orden judicial. Orden que deberá darse en todos los casos si es “justo y proporcionado”.
Y qué es justo y proporcionado? Aquí está la clave seguramente. Podemos imaginarnos que la industria tiene preparado todo tipo de demandas con estudios, rastreos y técnicas antipiratería para las denuncias, posiblemente con ellas y sin un estudio anterior (ni juicio) los jueces darán plenas potestad para ordenar a que los proveedores actúen.
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